Unos 95 residentes del Loteo Arboretum, en Peñalolén, y la Fundación John Jackson, propietaria del Colegio Grange, están enfrascados en una disputa que está que arde.
A comienzos de los 90 la inmobiliaria Markin, en representación de la Fundación John Jackson, propietaria del Colegio Grange y de los terrenos de la precordillera, vendió lotes de 4 mil metros. En esa oportunidad, el prospecto con el que se realizó la venta señalaba que el terreno de 100 hectáreas ubicado al oriente del loteo seria un parque ecológico destinado al uso de los alumnos del Grange, de los Old Boys y de los residentes del condominio, entre ellos familias con hijos en el Colegio Grange.
Pues bien, hoy los vecinos del condominio sostienen que la fundación estaría rompiendo su compromiso, ya que, sostienen, arrancó árboles nativos, aplanó la tierra y sembró pasto, así 60 hectáreas del parque fueron convertidas en el Old Grangonian Club en 1994. Pero la cosa no quedaría ahí, ya que según los vecinos el presidente del Colegio Grange y propietario de Markin, Cornelio Westenenk, estaria negociando -en nombre del Club y de la Fundación- la venta de 10 hectáreas del terreno del Club a la comunidad Bahá’i para construir un templo de 30 metros de altura. El lugar de oración estaría “al lado” de las viviendas del condominio, al parecer estaría contemplado que los fieles usen las calles del loteo Arboretum como vía de acceso, algo que estiman perjudicial, como también lo seria la construcción del templo en una zona de preservación ecológica, que cortaría la vista a la cordillera y que se instalaría al costado de la Quebrada Nido de Aguila, generando riesgos de inundación a los vecinos del sector, nos dijeron.
Así las cosas, el sentimiento entre los propietarios de Arboretum y muchos Oid Boys, es que una eventual venta del terreno a los Bahá’i por parte de la Fundación John Jackson vulneraria derechos y violaría las reglas, pues alteraría la paz y la tranquilidad de los residentes del loteo. Si bien hasta ahora las discrepancias se han limitado al envío de cartas y consultas a los entes reguladores, los vecinos afectados no descartan una judicialización del proceso. Consultada, la Fundación John Jackson no hizo comentarios.
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